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Viernes, 28 de Abril de 2017

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Entrevistas CTP

Liliana Ortega recuerda que manifestar es un derecho humano y consagrado en la Carta Magna

"En democracia no puede haber un 'apartheid' en el que unos pueden manifestar y otros no"

La directora de Cofavic señala que Venezuela debe dar respuesta a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos - Fotos: Ángel Dejesús
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  • Esteban Yepes
  • Miércoles, 19 de Abril de 2017 a las 7:57 a.m.

La directora de Cofavic ofrece claves importantes para estos momentos, entre ellas: El Estado se debe al respeto y garantía de los derechos humanos, y el debido proceso tiene que mantenerse en cualquier circunstancia

En entrevista con Contrapunto, la directora del Comité de Familiares y Víctimas (Cofavic), Liliana Ortega, señala que cuando ocurren manifestaciones y acusaciones mutuas entre sectores políticos, el mantenimiento del orden público es una función del Estado, y que los límites los marcan los derechos humanos. Indica que debe existir disposición a aceptar el ejercicio del derecho a la manifestación, “porque ejercitarlo, no es un crimen ni un delito, es un derecho humano fundamental”.

–El ministro de la Defensa, Padrino López, expresó que no se ha actuado con represión y que las acciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado "son para mantener el orden público". ¿Cuál es su opinión?

–No es debido disparar gases tóxicos y perdigones a la población civil en iglesias, centros comerciales, clínicas y escuelas, tampoco a manifestaciones públicas. Lo establece la Constitución. Mantener el control del orden público debe ser proporcional y tiene que comenzar con el efecto disuasivo del diálogo. En democracia, no puede establecerse ni haber una forma de apartheid en el que unos tienen derecho a manifestar y a estar en un sitio y otros no. Los ciudadanos tienen derecho a llegar hasta las sedes de las instituciones del Estado donde puedan presentar sus peticiones. La democracia crea la existencia de lo plural y la disidencia. Para que el control del orden público resulte exitoso, en el desarrollo de las manifestaciones, las autoridades pueden conversar con sus líderes, dar instrucciones precisas a los funcionarios que las custodian y proteger a los manifestantes, y claro es: sin ocasionar daños a la propiedad privada, y que todo se realice pacíficamente. Pero que no por un pequeño grupo, que debe sancionarse, se repriman a diez, cincuenta o cien mil personas.

El debido proceso y el estado de derecho

Ortega habla acerca del debido proceso en el país, que asegura debe ser una garantía fundamental. Señala que "ni siquiera bajo estados de excepción, este puede suspenderse".

“A una serie de derechos internacionales se les denomina Núcleo Tangible de los Derechos Humanos. Los Estados no pueden penetrar ni siquiera a través de Estados de Excepción en el debido proceso. No puede torturarse ni violarse el derecho a la vida, aún en gravísimas situaciones, contemplado en la Constitución. En general, el debido proceso significa que los estados (países) todos, investigarán los hechos en el marco de la democracia, y no deben tratar a los presuntos involucrados como criminales, terroristas o delincuentes. Los Estados tienen que guardar 'una forma'. El debido proceso es la presunción de la inocencia. No puede acusarse públicamente a una persona de un delito hasta que tenga una condena. Tampoco puede un funcionario del Estado, por más alto que sea su rango, manipular las pruebas ni romper la custodia de la evidencia, porque quien tiene el monopolio de la acción penal en Venezuela, es el Ministerio Público, que debe resguardar la evidencia, iniciar el proceso y hacer la acusación respectiva”, explica.

Apunta, además, que "toda añadidura resultaría en una intromisión ilegal. Las personas deben ser juzgadas por los jueces naturales y su jurisdicción civil. La jurisdicción militar está hecha para los delitos que cometen los militares, no los civiles. Por otro lado, el ciudadano debe contar con el control de las pruebas que garanticen que sus abogados conozcan sobre la manera como se producen. Debe tenerse la oportunidad a la defensa. El Estado de derecho no es negociable, y no permite su suspensión por un denominado, por ejemplo, estado de guerra económica o de suspensión de garantías. El debido proceso tiene que mantenerse en cualquier circunstancia, y no puede ser penetrado ni limitado, sin importar la naturaleza del delito que pudo haberse cometido".

–¿Qué conoce Cofavic, como organización, acerca de torturas para obtener declaracione, como lo han denunciado algunos líderes de la oposición?

–No conocemos de casos en forma directa. De ser así, esto sería inaceptable en un Estado de derecho. No es posible que se obtengan informaciones y que se exponga públicamente a personas, y que además sus declaraciones sean tratadas sin el control del Ministerio Público. Toda declaración que se haga bajo coacción y que se maneje fuera del proceso sin el control de las partes presuntamente responsables, es nula, ilícita. Las pruebas tienen que ser lícitas. Lo impone el Estado de derecho. No puede juzgarse a una persona porque alguien quiera determinar que posee algún tipo de información, contraviniendo lo que establece la normativa interna, los tratados internacionales y la Constitución.

–El dirigente oficialista Diosdado Cabello, denunció que los opositores buscan crear falsos positivos.

–Es importante que el país serene sus ánimos. Todos los gobiernos deben acostumbrarse a que haya disidencia. Solo fuera de la democracia la disidencia es un crimen. La disidencia es un elemento consustancial de los derechos humanos y de la democracia, y debe ser manejada en los parámetros de la Constitución. Acá se utilizan de manera muy trivial los términos terrorismo, genocidio y falsos positivos, los cuales han dejado ríos de sangre en nuestra región latinoamericana. Esto constituye un irrespeto a las víctimas y a las naciones que en el pasado transitaron por ese camino. No estamos de acuerdo con que estos términos se utilicen ni por la oposición ni por el oficialismo. Además, esos calificativos no pueden ser imputados como delitos. Cuando se habla de “terrorismo”, hay que pensar en lo que vivió Francia recientemente, por ejemplo, o cuando se mencionan a “falsos positivos”, pensar en lo que sucedió en Colombia. Utilizados de manera frívola, estos señalamientos hacen daño al país. Lamentablemente tanto sectores de la oposición como del oficialismo, incurren en esto, lo cual les resta credibilidad frente a la comunidad internacional y en general configuran un irrespeto a las víctimas de las violaciones de derechos humanos.

–¿Entre los recientes fallecidos a causa de protestas o en manifestaciones, ¿se identifica alguna matriz?, porque la mayoría de las víctimas son jóvenes estudiantes.

–En Venezuela más de 95 por ciento de las víctimas de violaciones de derechos humanos corresponden a jóvenes, a hombres de sectores urbanos, y esta misma proporción se mantiene en ejecuciones extrajudiciales y torturas, como en hechos de manifestaciones públicas y en el número de personas privadas de libertad. Recientemente se percibe que hay una tendencia de posible participación de mujeres.

–¿Qué opinión le merece el más reciente pronunciamiento de once países del continente, que piden a Venezuela respetar el derecho a la manifestación y sobre la respuesta oficial que lo califica de injerencista?

–Señalar injerencia es un grave error de la política exterior del gobierno del presidente Maduro. Cada vez que el Gobierno alega el tema de la injerencia, solo consigue dar la razón a la comunidad internacional que se preocupa por la situación de los derechos humanos en Venezuela. En el siglo 20 y 21, el tema de los derechos humanos fue aceptado por el país en las Naciones Unidas. Es un acuerdo universal; por lo tanto, no debe ni puede servir a los alegatos ni de soberanía o seguridad interna, para evitar que la jurisdicción y la comunidad internacional manifiesten sus preocupaciones. Esta fue una práctica común de las dictaduras del cono sur. Cuando los estados asumen un argumento de este tipo, lo que hacen es asimilarse a los peores recuerdos de las dictaduras de América Latina.

Por otra parte –continúa– Venezuela tiene una preocupación reincidente con el tema. Recordemos que se retiró de la CIDDH denunciando la convención en 2013, porque argumentó que era sesgada. Ahora resulta que no solo la CIDD, que por cierto es uno de los órganos más respetables del hemisferio y del mundo en materia de derechos humanos, sino que el sistema de Naciones Unidas, a través de sus relatores especiales y sus métodos convencionales y extra convencionales, señalan que en Venezuela hay una crisis de derechos humanos.

Lo primero que tendría que hacer el Estado venezolano –explica– es facilitar diplomáticamente que algunos organismos puedan visitar al país y obtener información de mano propia, y por otro lado, debería construir una agenda de derechos humanos que permita avanzar en temas que resultan graves. Y que además son incontestables, como los de la impunidad, la violencia, el uso desproporcionado de la fuerza pública, las ejecuciones extrajudiciales y la situación carcelaria.

Venezuela –concluye– tiene que dar una respuesta para avanzar en estos temas o seguirá siendo enfoque de preocupación creciente de la comunidad internacional. Por eso y en adelante, no le servirá más al Gobierno el argumento de la injerencia o de la defensa de la soberanía. Han sido temas suficientemente superados después de la Convención de Viena de 1993, en la que el país participó y que es parte del Sistema de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos que son de carácter universal.

Visión histórica de Cofavic

Ortega recuerda que la organización que representa se ha caracterizado por su gran rigurosidad en la documentación de los casos que aborda; de hecho, asegura, ninguno ha sido controvertido por el Estado.

Apunta: “Nacimos en 1989 con visión en los derechos humanos que se mantiene independientemente de corrientes políticas o doctrinas religiosas. Hemos monitoreado distintas etapas del país y por eso nuestras investigaciones son siempre más lentas de lo natural. Últimamente hemos elaborado, por ejemplo, dos informes completos, uno sobre la masacre de Tumeremo en Bolívar y otro sobre la situación de torturas y detenciones arbitrarias ocurridas en las protestas de 2014. Presentamos un informe público a los comités Contra la Tortura y de Derechos Humanos, y al Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, así como a la Organización Mundial Contra la Tortura en Suiza, que es nuestro aliado en el sistema universal”.

Revela que en esas revisiones se encontraron elementos como la impunidad, que sí se contrastan con las cifras oficiales –escasas u opacas, producidas por el Ministerio Público–, y otras de las ONG, "todas coinciden en que el 98 por ciento de las violaciones a los derechos humanos no llegan a juicios, no son vistas por un juez, y hay una reducción de tutela de las víctimas expresadas en falta de libertad de expresión, detenciones arbitrarias y torturas”.

Hace énfasis en el efecto de la impunidad, al cual califica como “muy perverso”, porque suele fortalecer a los criminales, quienes tienen seguridad de que sus delitos no serán investigados. Esto, asegura, debilita a la sociedad y a las víctimas, y reduce la credibilidad en las instituciones. “No es nuevo: es endémico”, subraya.

“Ahora se acentúa un elemento que la propia Fiscalía General reconoció recientemente, y es que en Venezuela hay una ruptura del hilo constitucional. Para nosotros esto comenzó con la declaratoria del Estado de excepción, con el cual se facultó al Presidente de manera no proporcional y sin cuidado, de la reserva legal. Es un Estado de excepción que no es revisado constitucionalmente por la Asamblea Nacional.

En una democracia –continúa– debería coexistir una triada de poderes constituido por el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales podrían funcionar independientemente. Eso no existe ahora en el país, lo que constituye una situación grave de riesgo para los derechos humanos, como un aumento sistemático de los casos de torturas, tal como lo han advertido los comités de las Naciones Unidas.

"Hay suficiente documentación creíble y disponible sobre el empleo de estas prácticas que no son investigadas con estándares mundiales y que por tratarse de crímenes de lesa humanidad, generan una preocupación importante en la comunidad internacional. Hemos visto casos que no son aislados, sino sistemáticos, sobre detenciones arbitrarias como las ocurridas en 2014 y, más recientemente, otros que lamentablemente no son investigados con el uso de los protocolos establecidos en las Naciones Unidas, especialmente el de Estambul”, explica.

Lamenta que tampoco han sido concluidos con una sentencia que determine un camino claro del Estado venezolano que concluya que no los acuerda, que no se trata de política de Estado y que al final esos casos pudiesen tener una condena. Advierte que desde hace varios años no hay señales de que ocurra.

“Con la sentencia histórica del Caracazo logramos establecer un precedente importante para la región en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y es que todas las medidas de control del orden público tienen que ser acordes con la protección de esos derechos humanos. Quiere decir que el estándar no es el control del orden público contra los derechos humanos, sino el control de ambos. La Constitución es muy clara: todas las medidas de seguridad ciudadana tienen que ser de carácter civil. Pero se sigue utilizando a instituciones militares para controlar el orden público. Esto constituye una flagrante violación a la Constitución y a los estándares internacionales, y vemos que hay un claro uso desproporcionado de la fuerza pública. La Constitución, por ejemplo, prohíbe el uso de gases tóxicos y de armas de fuego. Desde 2014 existe suficiente información de que esa prohibición no ha sido observada”.

Otro tema que preocupa a Cofavic es que las medidas de seguridad ciudadana no han sido efectivas. Aduce que las reformas que se hizo a la Policía Nacional, y todas las demás reformas, han resultado en fracasos, y que el Ministerio Público acepta que se tiene una alta tasa de homicidios, “una de las más altas del mundo”. Además, la información recabada hace ver que desde 2014 las presuntas ejecuciones extrajudiciales han aumentado en 50 por ciento.

Añade: “Si en 2014 monitoreamos poco más de mil presuntos casos de ejecuciones, al cierre de 2016, como resultado de nuestras investigaciones independientes –aunque no definitivas y no oficiales–, pudimos monitorear por sobre las dos mil 100; es decir, que entre 2016 y 2015 hubo un incremento de 57%. En más del 30% de los casos, la presunta responsabilidad recae en la policía de investigación criminal; es decir, que quienes son los encargados de producir la evidencia, indispensable para investigar, son una parte importante o presuntos responsables de los crímenes”.

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