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Miércoles, 17 de Octubre de 2018

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Entrevistas CTP

Las familias del mismo sexo o género ni siquiera pueden acceder como tales a la bolsa CLAP

Giovanni Piermattei: crisis económica de Venezuela es mucho peor para nuestra gente LGBTI

Giovanni Piermattei: crisis económica de Venezuela es mucho peor para nuestra gente LGBTI
Gobierno y oposición se escudan en la crisis para no reconocer derechos LGBTI, cuestiona Giovanni Piermattei - Foto: Miguel Hurtado
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  • Vanessa Davies
  • Domingo, 14 de Enero de 2018 a las 12:11 a.m.

El presidente de Venezuela Igualitaria subraya que está en manos de la justicia venezolana una decisión que garantice el matrimonio a las parejas del mismo sexo o género

El fin de semana del 6 y 7 de enero, mientras el Gobierno venezolano y el PSUV debatían sobre el plan de la nación 2019-2025 para una segunda gestión del presidente Nicolás Maduro, un tuit de Giovanni Piermattei, presidente de Venezuela Igualitaria le puso los pies en la tierra a más de uno.

Piermattei, activista LGBTI, le habló directamente al mandatario nacional para recordarle que siguen esperando "avances significativos" en cuanto al reconocimiento de derechos como el matrimonio igualitario

Dos días después, el 9 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) le dio la razón al manifestar que los Estados miembros deben garantizar el matrimonio igualitario.

Lea también Corte Interamericana pidió garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo

La decisión a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo o género está en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), enfatiza Giovanni Piermattei, en entrevista con Contrapunto vía correo electrónico. El activista señala también que, si la crisis económica golpea con dureza a la familia tradicional, la situación es mucho peor para la gente LGBT.

Foto: Jonathan Lanza

En manos del TSJ

–¿Cuál es el estatus del matrimonio igualitario en Venezuela?

–Recordemos que la Asamblea Nacional (AN), como institución, a la fecha no ha dado un pronunciamiento formal respecto del Proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario introducido por iniciativa popular por Venezuela Igualitaria junto a 47 organizaciones en enero de 2014, y al no ser debidamente debatido -incumpliendo con el procedimiento establecido en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)- podríamos afirmar que el proyecto de ley se encuentra en estatus conocido como Omisión Legislativa. Ante tal omisión, Venezuela Igualitaria interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en enero de 2015, una demanda popular de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civil, en el que básicamente solicitamos anular parcialmente el mencionado artículo y en consecuencia se declare la constitucionalidad del derecho a acceder a la institución del matrimonio, así como a las uniones estables de hecho, a las parejas conformadas por personas del mismo sexo y/o género.

Venezuela Igualitaria también interpuso ante la Sala Constitucional, en abril de 2016, "una acción directa y popular solicitando se declare la inconstitucionalidad de dicha omisión por parte del Poder Legislativo y se establezca un lapso a la Asamblea Nacional para corregir tal inconstitucionalidad".

Piermattei recuerda que ambos recursos "fueron admitidos por la sala y se encuentra en espera de sentencia definitiva"; es decir, que "está en manos de la justicia venezolana una decisión positiva que habilite la ampliación del perímetro de protección del matrimonio y el concubinato para parejas del mismo sexo y/o género".

Ya el TSJ "decidió a favor de las familias homoparentales" gracias a un amparo por el derecho a la identidad del hijo de dos mujeres venezolanas nacido en Argentina, introducido por Venezuela Igualitaria. La Sala Constitucional reconoció que dentro del artículo 75 de la Carta Magna "las parejas constituidas por personas del mismo sexo, con hijos o hijas, conforman familia por lo que deben gozar de los mismos derechos y garantías que el de las familias tradicionales".

Este reconocimiento, reivindica, "sienta un importante precedente especialmente con respecto a la lucha por el acceso a la institución matrimonial por parte de las parejas constituidas por personas del mismo sexo y/o género, dado que gozar de los mismos derechos y garantías definitivamente apunta al derecho a ser protegidas bajo las mismas instituciones y en las mismas condiciones que las parejas de sexo y género distinto".

–¿Qué ha parado su aprobación? ¿Qué está pasando en contra?

–La crisis política que ha devenido en una profunda crisis económica y social en Venezuela ha sido uno de los principales argumentos esgrimidos por ambas toldas partidistas que “pretenden” asumir el liderazgo político en el país. Las guarimbas y las pugnas respecto a la ilegitimidad de las distintas instituciones del país les han facilitado el apartar de sus prioridades la lucha por la igualdad, apalancándose, por supuesto, en las fuerzas religiosas cristiano-evangélicas fundamentalistas que apoyan por una parte al PSUV, y por otra, la Iglesia católica de la mano del cardenal Urosa Sabino que apoyan a la MUD y otras fuerzas opositoras al Gobierno nacional. Por otra parte no creemos que la voluntad política pueda ser un elemento distractor, pues siempre recordamos a las personas en quienes cae la responsabilidad de tomar decisiones para el bienestar y felicidad del pueblo, que ellas no fueron elegidas para ejercer su voluntad, sino la voluntad de quienes les dieron su apoyo, incluso de quienes no se los dieron.

Foto: Miguel Hurtado

–¿Ni siquiera se reconocen las uniones de hecho entre personas del mismo sexo? ¿Qué sucede en Venezuela con las parejas del mismo sexo?

–Hasta la fecha ni matrimonio ni uniones estables de hecho. En nuestro país las familias no tradicionales viven una verdadera violencia simbólica y legal, partiendo del hecho de tener que fingir ser quienes no son por miedo a las agresiones de vecinos, amistades, compañeros de trabajo, centros educativos o de salud al cual asisten los miembros de la pareja o sus hijos, lugares de esparcimiento e instancias del Estado. Siguiendo con el no poder hacer uso de derechos laborales en caso de enfermedad de la pareja, o sus hijos, permisos por maternidad, beneficios como primas por hijos, pólizas de seguro para parejas e hijos, acceso a créditos hipotecarios conjuntos, herencias, separaciones de bienes al momento de una ruptura y tener un patrimonio conjunto. Incluso, denuncias de violencia intrafamiliar, entre muchos otros.

"No es un delito"

–¿Por qué es importante el matrimonio igualitario para la comunidad LGBTI venezolana?

–El matrimonio igualitario, más que el significado material innegablemente importante como lo son los derechos sucesorales y patrimoniales, versa sobre la dignidad que se nos ha robado históricamente a las personas disidentes del sistema sociocultural que impone una forma de ser, existir, amar y conformar familia. Cuando el Estado permite a las parejas del mismo sexo y/o género acceder a la institución matrimonial está reivindicando el derecho a ser tratados iguales ante la ley y la sociedad, sin importar las diferencias propias de toda persona humana, a pesar de que no terminemos casándonos o divorciándonos cuando sea deseado o necesario.

Para Giovanni Piermattei, "cuando el Estado permite a las parejas del mismo sexo y/o género acceder a la institución matrimonial le está diciendo a la sociedad que ser gay, lesbiana, bisexual, transgénero, transexual o intersexual es natural y no es algo privado, no hay que esconderlo, no es una enfermedad, no es un delito, no se aprende ni se imita".

Por el contrario, advierte, "si el Estado solo protege a nuestras familias a través de las uniones estables de hecho o cualquier otra figura distinta de las que protegen a las parejas casadas estaría legalizando la discriminación y la desigualdad: ser gay, lesbiana, bisexual, transgénero, transexual o intersexual es ser desigual, es no gozar de una ciudadanía plena y estaría promoviendo y siendo cómplice del odio a través de leyes segregacionistas, no hay inclusión plena, ni justicia ni equidad, principios constitucionales que aparan a toda persona".

Además, "estaría garantizando privilegios para ciertas formas de familia, patentando la figura burguesa de la institución matrimonial donde no se democratizan los derechos".

–Hay sectores que rechazan el matrimonio igualitario. ¿Reconocer el matrimonio igualitario no es pasar por encima de quienes lo adversan?

–La historia está demostrando que los mitos sembrados -partiendo básicamente de principios religiosos que apuntan a la aniquilación de la especie humana si se aprobara mayor igualdad y justicia social, cuando vemos países donde el matrimonio igualitario es una realidad desde hace ya 18 años con Holanda a la cabeza y Argentina en Latinoamérica- son solo mitos. Muy por el contrario, estos son países con una cultura del respeto más amplia y de mayores márgenes de inclusión social y evolución económica y cultural. Las posiciones adversas al respeto y la inclusión pasan más bien por ser formas de dominación y control del poder, a las cuales los Estados a partir de sus gobiernos están obligados a combatir. Es lo mismo que ha sucedido con otras demandas sociales reivindicadas, como el derecho al matrimonio interracial, el divorcio, la abolición de la esclavitud, el derecho a la igualdad entre géneros, derechos de hijos habidos fuera del matrimonio, entre muchas otras, que se confrontaron utilizando idénticos argumentos.

–¿Qué esperan del TSJ para el matrimonio igualitario?

–Que cumpla con los principios constitucionales y que, dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dé respuesta positiva a los recursos interpuestos ante la Sala Constitucional declarando la constitucionalidad del matrimonio igualitario y aplicando la posibilidad de establecer una jurisdicción normativa hasta tanto el órgano legislativo legisle, bien sea el de la Asamblea Nacional o la Asamblea Nacional Constituyente (la cual asume poderes plenipotenciarios).

Foto: Miguel Hurtado

Reconocer la identidad de género es reconocer la dignidad

–En cuanto a la identidad de género, ¿qué está parando su reconocimiento?

–Los argumentos contra el reconocimiento de la dignidad -y en consecuencia, de la ciudadanía- de las personas transgéneros y transexuales e intersexuales son exactamente los mismos que hay contra gays, lesbianas y bisexuales, por cuanto las fuerzas detractoras son exactamente las mismas: la influencia política de los movimientos religiosos fundamentalistas. Se trata de un odio irracional hacia las personas por no encajar con el perfil de persona que, desde sus creencias y credos, predican sin mayores análisis interpretativos.

En noviembre de 2017 se cerró en el TSJ, con una audiencia oral, la presentación de pruebas sobre la demanda por el Reconocimiento de la Identidad de Género Autorpercibida presentado por Divas de Venezuela (acompañada por Venezuela Igualitaria). "Esperamos que en los próximos días se dé una sentencia acorde con los estándares internacionales", apunta Piermattei. En otras palabras, "sin criterios patologizantes, vía administrativa y sin exigir tratamientos quirúrgico u hormonales".

–¿Qué consecuencias tiene el no reconocimiento de la identidad de género en el país?

–En principio, la no reivindicación de cualquier derecho humano como el derecho al matrimonio sin discriminación y la identidad de género autopercibida significa una evidente contradicción a lo establecido en la CRBV, el Plan de la Patria 2013-2019, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019 y las políticas de integración latinoamericanas. No restituir el derecho a ser quienes sienten y expresan que son los hombres y mujeres transgéneros y transexuales significaría continuar obstaculizándoles el acceso, sin discriminación alguna y en condiciones seguras, al empleo y seguridad social, a la vivienda, a la educación y a la salud. También significaría sostener la violencia psicológica, moral y emocional, y tratos inhumanos y degradantes hacia sus ciudadanías y humanidades.

El activista destacó la decisión de la CorteIDH del pasado 9 de enero, en la cual -en materia de igualdad de género- insta a los Estados a "adecuar los procedimientos internos para reflejar la identidad de género auto-percibida basada en el libre e informado consentimiento". En la misma línea, llama a no exigir "certificaciones médicas o psicológicas que resulten patologizantes", así como a proteger los datos personales, garantizar trámites expeditos y gratuitos y a no requerir el uso de hormonas o la cirugía.

Foto: Miguel Hurtado

Planes que se cumplan

–Venezuela Igualitaria considera que no se ha cumplido con lo previsto en el plan de la nación en materia de derechos LGBTI. ¿Cuáles son los puntos que cuestiona? ¿Qué debe hacer el Gobierno?

–El Plan de la Patria 2013-2019, inicialmente propuesto por el presidente Chávez, arropaba ampliamente las demandas de la población LGBTI y esta apreciación la hacemos ya que, entre otros, en el Objetivo Nacional 2.2 que habla de “Construir una sociedad igualitaria y justa” se aborda la necesidad de promover e incorporar en políticas públicas la igualdad de género, la no discriminación y protección de grupos especialmente vulnerables, y más concretamente promover el debate de los derechos de la comunidad sexodiversa.

En la misma dirección "se avanzó con la Ley para la Protección de las Personas que viven con VIH y sus familias, la sentencia 1187/2016 del TSJ y la Ley Contra el Odio y la Intolerancia de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, pero también se avanzó con el establecimiento de un Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019 que en su Eje No. 5, línea estratégica 2, plantea adecuar el marco normativo sancionando y promulgando leyes en materia de protección de intereses colectivos y difusos y el derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género". Igualmente "plantea explícitamente, como parte de la agenda, la reforma del Código Civil, Código Penal y ley contra la discriminación. Sin embargo, no se materializa, se sigue considerando no prioritario, y al dilatar estas decisiones solo se está postergando la situación de sufrimiento y violencia que vivimos".

Piermattei advierte que en las escuelas "se sigue invisibilizando la existencia de distintas formas de ser, existir, amar y de conformar familia, lo cual no hace posible el autorrespeto, la autoaceptación de niños, niñas y adolescentes". Por si fuera poco, las hijas e hijos de familias homoafectivas son discriminados, las parejas del mismo sexo no pueden acceder a los tratamientos para ser madres o padres debido a su costo y a la no cobertura por parte de los seguros y no se respeta la orientación sexual de los militares. Las mujeres trans, critica, son perseguidas por la policía, maltratadas, excluidas del sistema educativo, condenadas "a vivir un destino que en muchos casos no pueden decidir cambiar" e, incluso, asesinadas.

"En un país tan convulsionado como el nuestro, en lo político y económico especialmente, la crisis es mucho peor para quienes no encajamos en el sistema", reflexiona. Y recurre a los ejemplos para dar fe de que es así: "Si hoy día es complicado para una familia casada garantizar la salud de sus hijos a través de sus seguros de HCM, si la suscripción a políticas del Gobierno como el CLAP no son suficientes para el abastecimiento de una familia tradicional, si los procedimientos para la compra de alimentos y medicamentos encajan en una política que considera solo a la familia tradicional, o supeditada a la identidad que señala tu huella digital, ¿cómo hace una familia compuesta por dos madres, dos padres, (que solo podrían suscribirse como madre/padre solterx), o una persona cuya apariencia física no coincide con la identidad registral? Esto son solo unos pocos ejemplos de cómo afecta más fuertemente a nuestra gente LGBTI".

Foto: Jonathan Lanza

–¿Qué debe establecer el nuevo plan de la nación para 2019-2015, gobierne quien gobierne?

–Consideramos que un nuevo Plan de la Patria debe, en principio, recoger todo aquello que no satisfizo los objetivos del anterior. Incluso, sería absolutamente necesario establecer con claridad meridiana cuáles son los puntos que en materia de protección a la población LGBTI se proponen asumir en el siguiente periodo, dado que podría significar 6 años más de espera -que no estamos dispuestos a asumir- para la reivindicación de derechos ciudadanos de millones de personas.

El dirigente de Venezuela Igualitaria pide hacer énfasis "en la necesidad de brindar y garantizar el respeto y protección igualitaria a las familias constituidas por parejas del mismo sexo y/o género, con base en la sentencia 1187/2016, a través de las instituciones existentes en materia de uniones civiles como el matrimonio y el concubinato, sin sesgos discriminatorios o diferenciadores". También insiste en reivindicar "el derecho a la identidad autopercibida de las personas transgéneras y transexuales a través de sentencias judiciales y leyes progresistas que nos pongan a la vanguardia de muchos otros países del mundo en materia de DDHH".

Otro punto muy importante, remarca, es tener "una única Ley contra la discriminación" y modificar el Código Penal "para tipificar aquellos crímenes cometidos por odio hacia las personas por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género". Y no menos importante, asevera Piermattei, es "impulsar modificaciones de la Ley Orgánica de Educación para incluir las distintas orientaciones sexuales e identidades de género en los planes formativos desde primeros años de la educación básica hasta la universitaria".

http://www.contrapunto.com/noticia/suspiros-y-galletas-dulce-antojo-coloniero-103816/